Ciudadanos x Béjar exige una rectificación al Ayuntamiento

Residencia Mamá Margarita, Béjar

Redacción i-bejar.com
Mayo 13, 2014

El partido vinculado a Gecobesa amenaza al ayuntamiento con una denuncia por prevaricación y se pregunta si el consistorio ha obrado teniendo en cuenta lo que más interesa a los ciudadanos y empresarios de Béjar

Ciudadanos x Béjar / Ante el debate público que se ha abierto en torno a la negativa a autorizar el programa de actividades de verano propuesto por Gecobesa, para la estación de esquí de La Covatilla, Ciudadanos x Béjar lamenta esta torpe estrategia del P.P. de Alejo Riñones, acoso y derribo contra la sociedad concesionaria, que también está siendo padecida por toda la ciudad y la comarca, como se ha puesto de manifiesto y ha subido de tono a partir de la amplia participación de ciudadanos y empresarios que rechazan la decisión del ayuntamiento, así como la tibia participación del PSOE en el proceso, incumpliendo el papel de control que le corresponde como oposición al gobierno municipal.

Desde Ciudadanos x Béjar queremos expresar nuestro total apoyo a la estación de esquí, como servicio público y patrimonio de la ciudad y, al mismo tiempo, exigimos a los representantes del Partido Popular en el ayuntamiento, que en vez de apoyar con silencio y sumisión las actuaciones de dudosa legalidad de su alcalde, con una actitud que recuerda la doctrina del “ordeno y mando” de tiempos pasados, se esfuercen en observar el máximo respeto al ordenamiento legal vigente y a la seguridad jurídica que debe presidir sus decisiones.

Esto es necesario para que tanto los vecinos como los empresarios, puedan tener la seguridad de que en Béjar se cumplen la leyes y su trabajo e inversiones no dependen de la arbitrariedad o el capricho de ningún “jefe” que reparte favores a su antojo y que, en algún momento, puede decidir “borrar del mapa” a quien no se pliega a su voluntad. De otro modo, puede dar la impresión de que la Comisión de Gobierno, ni conoce, ni solicita, los preceptivos informes antes de adoptar acuerdos tan importantes como el que nos ocupa; por todo lo que implica para el conjunto de la ciudad y la comarca, resultando, finalmente, que se toman decisiones claramente injustas y arbitrarias.

Como suele pasar en estos casos, al intentar arreglar los desafueros, se estropean todavía más las cosas. El comunicado de prensa del autodenominado “Grupo de Gobierno del Partido Popular” del 9 de mayo, viene a corroborar la impresión de que estamos ante una resolución injusta dictada, a sabiendas, en contra de la legalidad (aunque se arrope en una unanimidad que luego ha sido “matizada” por el representante del PSOE), lo que constituye uno de los supuestos de la prevaricación.

Esto sería así, porque, según ha podido constatar este partido político, el argumento esgrimido para no permitir la realización de actividades de verano en La Covatilla (que se fundamenta en que dichas actividades no están contempladas en el pliego de condiciones) carece de validez y consistencia; ya que todas las actividades de verano propuestas se recogen en los anexos al contrato firmado por Gecobesa y el Ayuntamiento de Béjar en junio de 2005, que contienen la propuesta íntegra de la sociedad concesionaria con un programa de actividades que fue considerado, reconocido y valorado con 12’50 puntos en el Acta de Valoración de la concesión, siendo uno de los vocales firmantes de dicha Acta la Secretaria General del Ayuntamiento de Béjar, cuya principal función es, paradójicamente, la de velar por la legalidad de todos los actos y decisiones del consistorio.

Pero es que, además, cabe preguntarse en este caso ¿ha obrado el gobierno municipal teniendo en cuenta lo que más interesa a los ciudadanos y empresarios de Béjar? La respuesta es claramente negativa, todo conduce a pensar que, en vez de intentar hacer posible, a partir del pliego de condiciones y el contrato, una alternativa nueva a la oferta de ocio activo en el verano, que beneficiaría al conjunto de empresas hosteleras y de servicios en la zona; se ha buscado la manera de negar la autorización, forzando la interpretación de los documentos, con el único objeto de impedir a la sociedad concesionaria el desarrollo de cualquier actividad que podría generarle ingresos.

Nos llama la atención, asimismo, la escrupulosa interpretación del pliego de condiciones que se esgrime, para justificar la decisión de no autorizar el programa de actividades, porque podrían conducir a la caducidad de la concesión. ¿No sería mucho más grave el hecho de haber realizado el concesionario obras sin autorización, como se pretende desde el ayuntamiento? ¿En este caso no se “caduca” la concesión?

El Ayuntamiento, igualmente, debe atenerse al principio de los actos propios, porque ha consentido, animado y favorecido actividades de verano en La Covatilla desde 2001; no ha puesto nunca ningún reparo a la utilización de las instalaciones para albergar el fin de etapa de la Vuelta Ciclista a España o para la realización de numerosas pruebas deportivas a lo largo de todos estos años. Tampoco para aceptar propuestas de la Diputación Provincial, cara a la organización de campamentos de verano, vuelos en “ala delta” y “parapente”, o actividades similares a las propuestas por Gecobesa.

Ciudadanos x Béjar exige a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar, que rectifique y pida perdón a los trabajadores que deja en la calle, así como a todas las empresas de la zona que se ven afectadas por la torpe decisión adoptada, y que procure convencer a Gecobesa para que persevere en la explotación de la estación de esquí, sin que sea inquietada hasta que los Tribunales de Justicia dictaminen lo que proceda en sus disputas, ya que su reclamación es razonable y ajustada a derecho.

Todo Béjar sabe que la estación de esquí es una realidad gracias a las inversiones de Gecobesa, cuya cuantía supera con creces el canon afecto a la concesión; puesto que ha construido las pistas de esquí (más de 25 kilómetros frente a los escasos 400 metros de pista entregados por el Ayuntamiento, que medio Ambiente ordenó restaurar en 2001, por haber sido ejecutada sin observar las medidas previstas en la D.I.A.), ha ejecutado importantes obras de ampliación y mejora consentidas y la ha dotado de numerosos y complejos sistemas técnicos para la producción de nieve, las comunicaciones y la gestión informática, entre otras muchas inversiones.

Nos consta del archivo municipal, que todas estas inversiones, cuyos proyectos fueron aprobados en el momento de la concesión, se llevaron a cabo tras obtener las licencias y permisos necesarios, siendo siempre el Ayuntamiento puntualmente informado de su ejecución, como consta documentalmente. Ha sido el Ayuntamiento quien no ha cumplido  con su deber de comprobar y valorar las obras realizadas, por lo que no es admisible su pretensión de no aceptar la compensación de las mismas. Es razonable afirmar, por tanto, que estando el canon sobradamente compensado, Gecobesa no debe nada al Ayuntamiento, como este afirma.

Pero es que hay más, a partir de sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, publicada el 21 de marzo de 2014, se corroboró la irregularidad de la concesión administrativa realizada en 2005, cuando el Ayuntamiento no estaba en disposición de otorgar un plazo de veinte años para la explotación del Centro de Turismo y, aún así, firmó el contrato con dicho plazo.

Si las obras no están autorizadas, ni consentidas, ¿por qué no se ordenó su demolición? ¿por qué no se abrió un expediente por infracción administrativa? Sencillamente, porque no hay lógica en la guerra abierta contra Gecobesa desde el Ayuntamiento a partir de la incorporación del tránsfuga –PP-UPS-PP- que dio la victoria a los populares en las últimas elecciones y todo vale en la dependencia del Sr. Alejo hacia el concejal que ha cambiado dos veces de chaqueta.

De no efectuarse la rectificación que exigimos, por respeto a la ciudad y a la comarca, Ciudadanos x Béjar iniciará acciones legales para depurar las responsabilidades que procedan, en orden a determinar si la decisión de no autorizar el programa de actividades de verano propuesto por la sociedad concesionaria, es, o no es, prevaricadora a la vista del vigente código penal.