El límite de la libertad

La Voz de Salamanca (Alfonso Manjón) / ¿Hasta dónde debería llegar la libertad de opinión?

La semana pasada Federico Jiménez Losantos acudía a declarar al juzgado por la querella impuesta por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, a razón de las críticas que el locutor de la COPE había hecho sobre éste. El alcalde popular lo denunció no ya por haber recibido insultos del estilo “traidor”, “bandido”, “farsante redomado” o “lacayo de la oposición”. Incluso esto es lo de menos. El problema vino cuando dijo públicamente que a Gallardón le importan un bledo los muertos del 11-M con tal de mantenerse en el poder (“ Lo repito, alcaldín, 200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno. Te da igual, Gallardón, con tal de llegar tú al poder”, llegó a decir). La pregunta es: ¿hasta qué punto alguien tiene la libertad de opinar no sólo lo que piense sino también como le venga en gana? O para mejor decirlo: ¿qué entendemos por libertad de opinión?.

Tanto la Constitución Española de 1978, como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocen por un lado, la libertad de opinión y de expresión como, por otro lado, el derecho a la dignidad de la persona. Por tanto, jurídicamente, ambos derechos están reconocidos. Pero el primero de ellos no ha de negar el otro, y si lo hace, para eso están los tribunales.

Toda persona física ha de ser libre de opinar sus pensamientos. Su forma de entender las diversas caras de la realidad presente. Todo el mundo ha de poder tener derecho a la libertad ideológica, de conciencia y convicción. Y ha de poder tener la libertad de expresar y manifestar públicamente, sin injerencia de las autoridades públicas nacionales o internacionales, esos pensamientos. No podemos establecer, porque no es legal en esta Monarquía Constitucional y porque no es moral, una censura previa a la información que se ofrece desde los medios de comunicación al modo que ocurría con la Ley de Prensa de 1938.

Pero también cualquier individuo tiene derecho a que se respete y proteja la dignidad de su persona, su integridad moral y su reputación. La Constitución Española establece en el Capítulo 2, artículo 20, que la libertad de opinión y de expresión “tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, sugiere que todos los hombres “deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Pero tan honesto principio peca de utópico. Más cuando hay intereses particulares de por medio. Así que en el caso de que el derecho al honor se vea afectado por la libertad de expresión y opinión de otro individuo, la solución está en los tribunales. Esa parece la forma más sana de limpiar la imagen del ofendido. ¿Lo es?

En un Estado democrático de derecho, la pluralidad de opiniones y la libertad de expresión de éstas es y debe ser siempre un derecho. Y no sólo un derecho, sino también y en cierta medida un deber. No impuesto, pero sí supuesto. Porque la fuerza de un sistema democrático radica precisamente en la existencia de una diversidad de ideas que se contradigan y complementen. Radica en el imperio del pensamiento crítico contrapuesto. En el espíritu libre y los corazones rebeldes, que diría Alain de Benoist. Pero no opino como él que las leyes que prohíben las opiniones abominables sean más abominables que las propias opiniones. No al menos en un Estado de Derecho. Porque ya digo que no hay leyes que establezcan los límites de la opinión, sino denuncias judiciales a título personal en contra del ofensor que un Juez independiente de los poderes políticos ha de dictaminar si son o no tales.

Con todo, debo admitir que no seré yo quien defienda a Jiménez Losantos. Porque no creo que su afán por generar polémica sea la forma más adecuada de informar. Quizá sí de contar un chiste, pero no de decir la verdad. Porque puede que suscriba sus palabras cuando dice que opinión e información mantienen vínculos de unión y complementariedad. Pero si él ve sus insultos como opinión humorística, pues difiero de él y de su forma de entender la información y los límites de ésta. Cuando opinamos todos tenemos un pensamiento, y lo expresamos más o menos elocuentemente. Más o menos hirientemente. Pero hay una barrera moral que debiera impedirnos llegar más allá. Siempre sin censura previa, he dicho.