Cómo hacer frente a un pasado represivo en el siglo XXI

La Voz de Salamanca (Jesús García) / ¿Tendrán alguna consencuencia las investigacione del Juez Garzón respecto a la represión franquista? ¿Sabremos mirar de frente a los fantasmas del pasado como una sociedad democrática y responsable?

Sólo hay que rastrear en las hemerotecas digitales de los periódicos de gran tirada para percatarse de la repercusión de las nuevas investigaciones del juez Garzón. Opiniones, cartas al director, editoriales, testimonios anónimos, comunicados de asociaciones….y, afortunadamente, los primeros resultados en forma de recopilaciones ingentes de nombres y datos de fosas comunes.

El último en el que me fijé arrojaba un listado de 20.000 nombres. Seguramente fue la magnitud de la cifra la que llamó mi atención. Posteriormente me pareció mucho más indignante que tan gran número de víctimas hubiesen sido condenadas a un olvido oficial, donde el mantenimiento de una estabilidad política, muchas veces ficticia y condicionada por la herencia de 70 años de dictadura, primaba sobre el derecho a la reparación y a la condena de semejantes atrocidades.

Con la misma intensidad que las opiniones favorables a la iniciativa judicial, otros hablan de “truculenta garzonada”, como el director de El Mundo. Pero supongo que no habría que colocar los huesos de esas 20.000 víctimas sobre la mesa de su despacho para que sea consciente de lo inapropiado de sus palabras. La falta de ética y el alcance de su hipocresía es patente y evidente. No se puede alabar la persecución de las dictaduras suramericanas, pero renegar a revelarse contra nuestros propios monstruos. Vuelve a ser evidente la incomodidad de Pedro J., así como la de un sector muy amplio de la derecha española. Imagino que es el temor a ver de frente al fantasma de las “navidades pasadas”.

El proceso que ahora se afronta en nuestro país era una necesidad obligada tras el olvido “casi” institucionalizado llevado a cabo tras el año 1977, donde se evitó el esfuerzo de la memoria retrospectiva por “razones pragmáticas”. La transición española se llevó a cabo en un ambiente de “negociación entre una élite democrática y las fuerzas del antiguo régimen”, donde ambas partes salieron beneficiadas. El nuevo estado democrático mantuvo infinidad de elementos directamente relacionados con las instituciones franquistas, el primer de ellos siendo la Jefatura del Estado. Los nuevo demócratas renegaron a una ética y a un compromiso con la verdad y la justicia. Organizaron un sistema para el futuro anclado en las condiciones sociopolíticas del año 1977, y es por eso por lo que 30 años después ese modelo ya no sirve.

Muchos dirán que la longevidad del régimen franquista hizo tábula rasa de víctimas y verdugos. No es así. En los primeros años de dictadura y en pleno terror revanchista, Serrano Suñer elaboró diferentes leyes destinadas a la represión retroactiva contra aquellos que habían permanecido leales a la República. Textos como la Ley de Responsabilidades Políticas, Ley de Seguridad del Estado y la Ley de represión de la masonería y el comunismo establecieron la “justicia al revés”. Donde los rebeldes, los “malos de la película” por decirlo coloquialmente, eran los leales a un régimen democrático destruido por una sublevación militar.

Este pensamiento no tuvo una revisión en los años de la transición. Esa aberración no se destruyó, y es en parte uno de los deberes de futuro que tienen los españoles. Por ejemplo, una de las reivindicaciones para la Ley de la Memoria Histórica era la legitimación de tribunales, jurados y órganos franquistas, incluido el TOP por ser “contrarios a derecho”.

Como decía más arriba, la longevidad no debe ser óbice para el replanteamiento de nuestro comportamiento como sociedad con las víctimas de la represión franquista. Los lideres de los países socialistas fueron juzgados y condenados tras la caída del bloque. Egonz Krenz (RDA) pasó por la cárcel hasta hace bien poco, la familia Ceacescu fue asesinada en un juicio sumario, se efectuaron intensas purgas entre el funcionariado y la policía de esos países, también en Grecia y Portugal, pese a la breve duración de sus respectivas dictaduras.

Ahora es el momento de preguntarse que futuro va a tener la investigación del juez Garzón. Por ejemplo, en América Central y el Caribe, las investigaciones semejante a las españolas tenían por objeto estudiar el alcance de la represión y no juzgar a sus responsables. Si en España nos hemos detenido más en estudiar la represión durante la Guerra Civil, éste puede ser el momento idóneo para recordar la represión durante los años del régimen, ¡las últimas victimas del franquismo son incluso posteriores a la muerte del dictador! véanse los casos de Puig Antich en el 74, de Tabicas Manot en el 76 o incluso el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en el 76.

Se abren muchos interrogantes para el futuro de las victimas y sus familiares, muchos piden responsabilidades penales que en el sistema actual son prácticamente imposibles legalmente. La deslegitimización de lo tribunales y las condenas es el primero de muchos pasos para rehabilitar una verdadera conciencia y ética de la verdad y justicia en nuestro país. Más tarde habrá que buscar responsabilidades, que aún existen entre los organismos que ayudaron a mantener la represión franquista, y aquí puede leerse bien el nombre de la Guardía Civil, por ejemplo.