Hablamos de un manifiesto respetuoso

La Voz de Salamanca (Alfonso Manjón) / Cuando hablamos de “El Manifiesto por una lengua común”, podemos hacerlo bien desde el punto de vista partidista y de los objetivos políticos a que puedan aspirarse, o bien desde los propósitos que se buscan con el mismo. Yo no quiero entrar en el primer aspecto, del cual reniego públicamente. Directamente, entro en el segundo de dichos aspectos. Y digo que no creo que en Cataluña el español esté en peligro. Pero tampoco lo está el catalán. Este manifiesto, lejos de procurar una inmersión lingüística en las comunidades autónomas con segunda lengua, trata únicamente de dar garantías al castellano y de dar derechos a los ciudadanos que quieran escolarizar a sus hijos en este idioma, pero con total respeto a los derechos legítimos de la lengua catalana y del territorio catalán.

Desde el doble ámbito político y ciudadano, el “Manifiesto por una lengua común” ha sido interpretado y recibido desde posiciones radicalmente opuestas. No cabe duda de que dicho documento presenta connotaciones políticas que el mismo Fernando Savater reconoce públicamente. Sectores nacionalistas y cierta prensa han tildado el Manifiesto como una proclama casticista centralista en oposición a las lenguas cooficiales del Estado. El gobierno ha visto el texto como arenga política partidista. Personalidades ilustres como Antonio Gamoneda abrazaron el documento en un primer momento, pero luego se retractaron de él por la máscara política bajo la que se esconde. Y otros medios y partidos, como El Mundo, UPyD -impulsora del documento-, Ciudadanos y el PP, han abrazado el mismo con mayor o menor convicción. Pero siempre defendiendo la necesidad de hacer reformas políticas que garanticen por ley el derecho del ciudadano a comunicarse y educarse en el idioma común.

Josep Ramoneda decía para El País que “los conflictos entre lenguas son siempre delicados y difícilmente admiten soluciones definitivas, salvo en regímenes que estén en condiciones de imponer una lengua a sangre y fuego”. La salida que se buscó en la Constitución al problema lingüístico que se había generado a lo largo de los años de la dictadura fue la de encontrar un equilibrio en el uso de las lenguas castellana y materna tanto a nivel institucional como en el ámbito político y civil. Es verdad que no se puede querer hacer del castellano la lengua motor de Cataluña mediante reformas políticas que nos recuerden a épocas pasadas. Porque no puede hacerse obligatoria a una lengua y a la otra no en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento ciudadano. Pero es que el texto no habla de eso en ningún momento. Habla del respeto de los derechos del ciudadano sin detrimento de los derechos de la lengua catalana ni del territorio catalán. Y esos derechos del ciudadano se recogen tanto en la Constitución Española, como en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como en la Ley de Normalización Lingüística de 1983.

En lo que al ámbito institucional se refiere, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que las personas tienen el derecho a dirigirse a las Administraciones Pública y de Justicia en el idioma que elijan. Y también que todo ciudadano tiene derecho a que los establecimientos, empresas y entidades le atiendan en la lengua que prefiera. Estos señores no están diciendo que el idioma que debe emplearse sea exclusivamente el castellano. Sino que el uso del castellano es un derecho para quienes quieran emplearlo en cualquiera de estos casos. Lo que piden es que esto se cumpla. Y que la ley ampare eficientemente a estos ciudadanos.

Todo esto también puede verse reflejado en lo tocante a la enseñanza. Este grupo de intelectuales no pide que el castellano sea la lengua vehicular de dicha enseñanza sino una de las posibles lenguas en que puedan recibir enteramente su educación los alumnos que así lo prefieran. Esta premisa no contraviene al principio de respeto y fomento de la lengua regional en dicha comunidad. Y los sectores nacionalistas no han de verse alarmados. Primero, no contraviene ese principio de respeto y fomento porque incluso en las escuelas donde se tenga al castellano como lengua de comunicación, la enseñanza del catalán estará garantizada por ley. Y de esta manera se va a seguir cumpliendo con ese precepto que aparece en el Estatut y que dice que todo escolar debe “conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su lengua habitual al incorporarse a la enseñanza [porque] la enseñanza del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios”. Y segundo, y derivado de ello, no contraviene este principio porque la adquisición de esos conocimientos lingüísticos del catalán tendrá como efecto el perfecto desenvolvimiento social de las personas en esos colegios formadas en el momento en que deban comunicarse en el idioma regional. Y eso si es que deciden comunicarse en catalán, por las obligaciones y derechos en el párrafo anterior descritas. Pero bueno, socialmente puede decirse que normalmente todos los ciudadanos tienden a necesitar ambos idiomas para el perfecto entendimiento con todos los sectores y órdenes de la sociedad. Y al final, la realidad no viene reflejada en los textos.

Eso sí, el hecho de que en Cataluña la lengua vehicular de la enseñanza sea el catalán no quiere decir que toda la educación se imparta en lengua catalana. Sino que profesores y alumnos, en su decisión de comunicarse entre ellos en el idioma que prefieran, tanto por escrito como oralmente, tienen el deber de conocer ambas lenguas. Y si no conocen la lengua catalana se les forma para ello. En estas escuelas con derecho a que los alumnos sean formados exclusivamente en lengua castellana no ocurriría esto. Porque sólo habría una lengua de expresión.

En esta línea, lo primero que busca el Manifiesto es que se cumpla -lo cual ven como infrecuente- con la regla de la Ley de Normalización Lingüística en el punto que establece que “Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo”. Y lo segundo que procura es modificar por ley otro punto de esta Ley de Normalización -también reflejada en el Estatut- en la que se dice que “la Administración debe tomar las medidas convenientes para que […] los alumnos no sean separados en Centros distintos por razones de la lengua [y para que] la lengua catalana sea utilizada progresivamente a medida que todos los alumnos la vayan dominando”. Ellos defienden un sistema de escolarización que se parezca en cierta parte al que tiene el País Vasco. Allí los padres pueden escolarizar a sus hijos en un colegio donde la lengua vehicular de la enseñanza sea sólo el castellano, en ikastolas donde la enseñanza se dé sólo en euskera, o en colegios bilingües. Lo que ha de garantizarse es el conocimiento de la lengua común y el derecho del ciudadano a poder ser atendido en castellano si esa es su opción.

Más allá de estos términos, cabe preguntarse: ¿qué pasaría cuando una vez acabada la educación obligatoria los alumnos formados en escuelas de lengua castellana fuesen a una Universidad donde el patrón es de nuevo el bilingüísmo y donde la relación lingüística entre profesores y alumnos obedeciera a las características antes descritas? ¿Se adaptarían tan bien como el resto a este tipo de educación? ¿O la solución pasa por hacer una Universidad de Barcelona bilingüe y otra no, por ejemplo? Ahí el sistema seguiría siendo injusto. Porque se da al profesor el poder de elegir el idioma con que prefiera impartir sus clases. Y si un servidor, castellano de nacimiento, salmantino de formación universitaria, que no conoce el catalán, quiero hacer otros estudios en Cataluña tendría que estudiar y aprender esta lengua. Y eso les pasaría a todos los estudiantes del resto peninsular. ¿Es entonces la Universidad catalana un receptáculo de catalanes-catalanohablantes? El Manifiesto no se ha pronunciado lo suficiente.