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UPL exige a la Junta actuar ante el ERE de Alcampo que afecta a Béjar

Unión del Pueblo Leonés critica la “inacción” del Ejecutivo autonómico frente al ERE de Alcampo, que podría suponer despidos en Béjar y Salamanca.

José Ramón García (UPL) pide a la Junta actuar por el ERE de Alcampo que afecta a Béjar
Intervención de José Ramón García (UPL) sobre el ERE de Alcampo en Béjar

Unión del Pueblo Leonés critica la “inacción” del Ejecutivo autonómico frente al ERE de Alcampo, que podría suponer despidos en Béjar y Salamanca.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha instado a la Junta de Castilla y León a intervenir ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Alcampo, que contempla despidos en siete establecimientos de la provincia de Salamanca, incluido uno en Béjar. La formación leonesista ha trasladado esta preocupación al pleno de las Cortes autonómicas, denunciando la “inacción” del Gobierno regional en una cuestión que consideran de alto impacto para el empleo y la economía local.

Según recordó el procurador de UPL, José Ramón García, el pasado 8 de mayo Alcampo anunció su intención de despedir a 710 trabajadores en toda España, afectando a 18 establecimientos en la Región Leonesa, incluidos seis en Salamanca capital y uno en Béjar. García señaló que este proceso afecta especialmente a municipios con altos niveles de desempleo y fragilidad económica, donde estas superficies comerciales representan uno de los escasos empleadores de envergadura.

Durante su intervención en las Cortes, García lamentó la falta de una respuesta política adecuada por parte de la Junta, criticando que hasta el momento no se haya producido ninguna comparecencia oficial ni se haya diseñado un plan de apoyo a los trabajadores. El procurador pidió al Ejecutivo autonómico que actúe “con sensibilidad y compromiso” y que articule medidas institucionales y económicas que ayuden a mitigar el impacto del ERE.

UPL insiste en que se requieren soluciones urgentes para los trabajadores potencialmente afectados, a quienes considera víctimas de una política de desinterés institucional. “La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se destruye empleo en territorios ya castigados”, concluyó García.

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