El traslado de la zona de debutantes de La covatilla podría costar 2 millones de euros

Ante la noticia, publicada recientemente, de que la Junta de Castilla y león “exige” un estudio ambiental para trasladar la zona de debutantes de la estación de esquí de La Covatilla, creemos oportuno hacer varias consideraciones, para que se adopten las medidas oportunas:

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Béjar implica actuar en una zona de especial protección, afectando a regatos, cervunales y trampales así como la laguna colmatada de La Covatilla, por lo que sería necesario garantizar la no afección a turberas y trampales incluidos en el hábitat de interés comunitario “7140 Mires de transición”,  en todas las actuaciones que puedan afectar al régimen hidráulico de la zona, como drenajes, sistema de zanjas, captaciones y almacenamiento de aguas. ¿Se ha tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de estimar la viabilidad del proyecto para la nueva zona de debutantes?

El hecho de que sea necesario un informe de impacto ambiental (no medioambiental, como erróneamente se suele decir) no obedece, para informar con rigor, a una exigencia de la Junta de Castilla y León, sino al cumplimiento de la legislación vigente. La normativa aplicable corresponde, desde la legislación europea, a las directivas 85/337/CEE,  de 27 de junio de 1985; 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997 y 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001; así como al Convenio de Espoo, de 25 de Febrero de 1991, ratificado por la UE; relativas a la evaluación de repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente. Desde la legislación estatal, al Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, así como al Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el anterior, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que lo modifica. Asimismo, desde la legislación autonómica, al Decreto legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y la Ley 11/2003, de8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento de Béjar haya podido pasar por alto todos estos preceptos legales. ¿No tiene técnicos que asesoren al respecto? ¿O es que el Ayuntamiento de Béjar no juzga necesario someterse a la ley?

¿De verdad es indispensable y conveniente dedicar una importante cantidad de recursos públicos, cerca de dos millones de euros según el presupuesto apuntado oficialmente por el alcalde, para habilitar una nueva zona de debutantes en La Covatilla, en vez de abordar otro tipo de mejoras, ya aprobadas, como la ampliación de los remontes, sistemas de producción de nieve o infraestructuras de servicio? En la Declaración de Impacto Ambiental de 2008, sobre el anteproyecto de la estación de esquí “Sierra de Béjar” en los términos municipales de Béjar, Candelario, Navacarros y La Hoya (Salamanca) y Solana de Ávila (Ávila), aprobada por la Resolución de 20 de diciembre de 2007 de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; no se contemplan las actuaciones incluidas en el proyecto del Ayuntamiento de Béjar para la nueva zona de debutantes. Es más, en dicha declaración se especifica textualmente que ninguna modificación del mencionado anteproyecto podrá suponer el trazado de nuevas pistas o infraestructuras distintas a las de la alternativa aprobada.  ¿Cómo se puede explicar, entonces, que se opte ahora por emprender un nuevo proyecto, iniciando un largo y costoso trayecto burocrático, cuando aún quedan pendientes de ejecución actuaciones contempladas en el Plan Director redactado y costeado por Gecobesa (como la ampliación de remontes, innivación e instalaciones de servicio) que ya cuentan con la correspondiente aprobación al estar incluidas en dicha D.I.A. y que sí supondrían una efectiva y gran mejora, cuantitativa y cualitativa, en las características de la estación de esquí? ¿Se ha reparado en que con este traslado de la zona de debutantes se incumple el compromiso asumido en su día con el Ayuntamiento de Béjar gobernado por el PSOE y la Plataforma pro declaración del Parque Natural de ceñirse a lo reflejado en la Declaración de Impacto Ambiental de 2008?
 
Se podrían apuntar más consideraciones que afectan al disparatado proyecto presentado por el Ayuntamiento de Béjar, sólo realizable asumiendo un enorme coste económico y medioambiental y en detrimento de otras alternativas que ya están contempladas en la D.I.A. de 2008, sobre el proyecto de Gecobesa y que, estas sí, vendrían a potenciar de manera notable la capacidad y funcionalidad de la estación de esquí de La Covatilla, aumentando su capacidad de remonte y servicios, que es lo que verdaderamente hace falta para asegurar una mejor explotación. Pero no se trata de abundar más sobre lo obvio; sino de demostrar que el Ayuntamiento de Béjar pretende actuar, una vez más, al margen de la reglamentación vigente y de la lógica. La única explicación posible pasa por considerar que priman los intereses de propaganda partidista sobre las auténticas y evidentes prioridades para hacer de la estación de esquí bejarana una instalación del nivel que se requiere para satisfacer la demanda de los esquiadores. Además, claro está, de eludir cualquier tipo de negociación que pueda suponer el reconocimiento de algún derecho sobre los terrenos donde se ubica la mayor parte de la actual zona de debutantes por parte de quien fuera mayor accionista de la difunta Gecobesa.

Desde que, hace casi dos años, el ayuntamiento se hizo cargo de la gestión de La Covatilla, las inversiones brillan por su ausencia. No se ha vuelto a hablar de la necesaria ampliación del aparcamiento, prometida tres veces a bombo y platillo en años anteriores, aunque sí se ha decidido cobrar una tasa para ahuyentar a los que no compren forfait. El mantenimiento prácticamente se ha olvidado y no se ha hecho nada para intentar sacar partido a las instalaciones fuera de la temporada de esquí. Son algunos ejemplos de la falta de iniciativa municipal para potenciar y mejorar la “herencia” recibida de Gecobesa. Finalmente, hay que hacer mención de un incumplimiento clamoroso: no se ha vuelto a atender al Plan de Vigilancia Ambiental obligado por la D.I.A. de 2008, cuyo seguimiento y vigilancia corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. El intento de justificar la falta de dinamismo del consistorio bejarano, presentando un proyecto difícilmente justificable y de dudosa realización, no viene sino a confirmar la equivocada perspectiva y la nula planificación de un alcalde al frente de un equipo de gobierno que no sabe que hacer con la estación de esquí, salvo echarle la culpa a la falta de nieve para poder abrir sus pistas. Mientras tanto, ¿Alguien puede precisar cuánto dinero público se ha gastado, y se sigue gastando, en unas instalaciones que permanecen cerradas y sin ingresos a estas alturas de la temporada? ¿Alguna vez vamos a poder conocer la verdadera cuenta de pérdidas y ganancias de la gestión municipal en la estación de esquí?

La conclusión ha de ser triplemente rotunda. En primer lugar, el Ayuntamiento de Béjar debe emprender sólo las actuaciones autorizadas del Plan Director de 2008. En segundo tiene que cumplir la normativa medioambiental, algo que viene incumpliendo sistemáticamente; lo que, de no existir complicidades partidistas, podría obligar a la Junta de Castilla y León a la clausura de las instalaciones. En tercer lugar, tiene que huir de experimentos ajenos a su verdadera función; el déficit de explotación en años desfavorables de poca nieve, sumado a las elevadas sumas que el Ayuntamiento de Béjar ha pagado y tendrá que pagar por hacerse con los terrenos de la sierra y los activos de Gecobesa, conducirán a un clamoroso incumplimiento de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Son razones poderosas, para que el Alcalde y su equipo de gobierno reflexionen, se abstengan de arriesgarse en aventuras peligrosas y abandonen su empecinamiento en no reconocer la realidad al mantener la deriva municipal gestionando un servicio público que no es esencial ni le corresponde. Por ello es preciso que, cuanto antes, se someta a concurso la concesión administrativa de la estación de esquí a fin de trasladar al nuevo adjudicatario la posible indemnización a Gecobesa que podría determinar el juzgado por la inversión realizada, evitando que esta sea pagada con el dinero de todos los bejaranos.