El ayuntamiento de Béjar multará hasta con 7.000 euros la emisión excesiva de ruidos

El Ayuntamiento aprobará en pleno una nueva norma que limitará la emisión de ruidos. La contaminación acústica es una de las últimas preocupaciones del consistorio bejarano.Los policías de Béjar se han formado para aprender a realizar las mediciones correspondientes. Los ruidos altos serán sancionados hasta con multas de 7000 euros. Algunos de sus concejales presentaban ayer la norma que será aprobada.

Los concejales de Hacienda y Medio Ambiente, Raúl Hernández y Pedro Manuel Esteban, acompañados de varios miembros del equipo de Gobierno de Béjar, presentaron e informaron ayer en rueda de prensa en que va a consistir y como se actuará con la nueva ordenanza municipal contra la contaminación acústica.

Pedro Manuel Esteban hizo una breve exposición de los hechos y los pasos que han tenido lugar desde que la Junta de Castilla y León en junio del año 2009 aprobaba la Ley del Ruido de nuestra comunidad autónoma y daba a los ayuntamientos un plazo máximo de tres años para promulgar ordenanzas municipales que desarrollaran dicha Ley. Pasados dos años el equipo de gobierno municipal bejarano inició la redacción de la Ordenanza para protección del Medio Ambiente contra perturbaciones de la contaminación acústica.

Se aprobó provisionalmente en el Pleno Ordinario de noviembre de año 2011. Esta ordenanza no tuvo ninguna alegación, ni de colectivos ni de particulares, quedando aprobada a finales de febrero de 2012. El capítulo 6 de la Ordenanza regula la actividad inspectora de vigilancia y control, que se ejercerá de oficio o a petición de ciudadanos. El artículo 41, en su apartado tercero, atribuye la condición de personal competente para realizar mediciones con sonómetros a los miembros de la Policía Local y los técnicos municipales que hayan superado los cursos formativos específicos.

Durante el año 2013 la totalidad de agentes de la Policía Local de Béjar, así como los Técnicos han realizado un corso formativo de estas características para realizar este tipo de mediciones. Además el Ayuntamiento de Béjar adquiría hace pocos meses un nuevo sonómetro homologado para realizar las mismas. Dado que la realización de estas mediciones supone un gasto de medios técnicos y humanos se hace necesaria esta ordenanza, que estipula el pago de la misma. Según apunto el concejal de Medio Ambiente, y es lógico que quien produzca el exceso de contaminación acústica sea el responsable de pagar el coste de la medición si esta demuestra la infracción de la Ordenanza nº 41 sobre ruidos, sin perjuicio de la sanción que se imponga.

Raúl Hernández explicaba que la ordenanza fiscal bejarana en esta materia es “de nivel medio-bajo en comparación con otros municipios”, además determina la sanción que se impondrá en los casos en los en que haya una denuncia por la contaminación acústica. Según indicó el concejal de Economía se pueden dar tres supuestos. El primero es que el Ayuntamiento detecte un foco de ruido y actúe de oficio determinando si en un punto determinado se está produciendo más ruido del permitido. El segundo de ellos es que alguna persona decida medir, y utilizar los medios del Ayuntamiento y no de una empresa privada, los niveles de decibelios de su negocio para asegurarse que está dentro de la normativa, en cuyo caso debería pagar el coste de la medición. Y por último, es el que una persona proceda a denunciar  a otra persona o empresa por las altas emisiones de ruido y que vulneran la ley.

Para este último caso, si las mediciones llevadas a cabo por el personal del Ayuntamiento dieran un nivel normal, no se cobraría la medición ni habría sanción. Sin embargo, si la denuncia se vuelve a producir y el nivel vuelve a dar dentro de la legalidad, se le cobraría al denunciante el coste de la medición que asciende a un mínimo de 250 euros, por el uso de este servicio, que incluiría los gasto del uso de los materiales como de personal que se traslade a efectuar las mediciones.

Para realizar el trabajo es necesario que acudan al foco del ruido un mínimo de tres personas, una que mida el foco de emisión del ruido, otra que mida el nivel de ruido desde el sitio donde se ha hecho la denuncia y una tercera que controle la calle para evitar que ruidos externos influyan en la medición, llegando a cortar la circulación momentáneamente si fuera necesario.

Si resulta que la medición diera como resultado un volumen alto de decibelios y se incumpliera la ley, la persona denunciada deberá hacerse cargo de los gastos de medición y del importe de la sanción, que dependiendo de la zona, el horario y otros factores como la reincidencia, irá desde 30 hasta 7.000 euros.