Alejo Riñones, procurador por el PP, defenderá hoy en las cortes regionales una proposición no de ley por la que la Junta de Castilla y León solicitará al gobierno las medidas necesarias "para hacer eficaz un compromiso con la defensa de la industria textil en España, e incluya criterios de calidad y respeto a la normativa laboral internacional y al medio ambiente en las bases de los concursos de adjudicación de contratos de suministros de productos textiles para las fuerzas y cuerpos de seguridad".
En este sentido el pasado 27 de mayo del 2009 el pleno del ayuntamiento de Béjar acordó solicitar al gobierno central y a la propia Junta que se inste a las empresas adjudicatarias de los uniformes de los cuerpos de seguridad y de los diferentes funcionarios uniformados para que las prendas sean confeccionadas en el país. Con el mismo objetivo de beneficiar la textil bejarana.
Este mercado suponía un 30% de la fabricación y el PP considera que ésta ha descendido entre un 80% y un 90 % por que las empresas españolas realizan los encargos a países asiáticos. En la propuesta cifran en 15 millones de euros la repercusión económica que tendría para los fabricantes de Béjar esta medidas encaminadas a poyar la fabricación bejarana.
