La Junta de Castilla y León impide investigar sobre El Bosque de Béjar

Residencia Mamá Margarita, Béjar

Redacción i-bejar.com
Mayo 09, 2023

La administración regional impide el acceso a información pública relevante para la elaboración de la tesis doctoral.

El Bosque de Béjar

José Muñoz Domínguez, investigador del BIC-Jardín Histórico El Bosque de Béjar desde 1992, autor de medio centenar de artículos sobre esta villa de recreo y sus jardines, denuncia que la Junta de Castilla y León le impide el acceso a información pública relevante para su tesis doctoral.

Ha transcurrido un año completo desde que el investigador solicitó a la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León copia digital de cuatro memorias arqueológicas, correspondientes a otras tantas intervenciones promovidas por este órgano en los terrenos y edificios del citado BIC-Jardín Histórico, todas ellas relevantes para la prosecución de su tesis doctoral sobre La villa suburbana El Bosque de Béjar, entre la casa de campo hispánica y los modelos del Renacimiento, que realiza dentro del programa "Patrimonio arquitectónico" implantado por el Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

Documentación pública accesible por ley

Las cuatro memorias son documentos públicos generados y sufragados por la Administración que deben estar a disposición de cualquier ciudadano (incluidos los investigadores, precisamente por su actividad de estudio) conforme a lo establecido en la Constitución Española (art. 105 b) y en diversa legislación concurrente, además de la normativa comunitaria sobre el mismo derecho cívico, refundida en la Directiva de la Unión Europea relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público de 2019. La Junta de Castilla y León está obligada a facilitar el acceso a esta información, así como su reproducción para los fines solicitados, por su doble condición de entidad administrativa y copropietaria del BIC-Jardín Histórico objeto de estudio, por lo que no se entiende que sus responsables ni siquiera respondan a las solicitudes de José Muñoz.

La Junta nunca responde

José Muñoz presentó su primera solicitud en 4 de mayo de 2022, pero no obtuvo respuesta alguna del máximo Órgano Competente en la materia, la citada Dirección General de Patrimonio Cultural. En 14 de septiembre de 2022, cansado de esperar, se dirigió mediante correo electrónico a una técnico de ese órgano para recordarle lo solicitado meses antes y reiterar la necesidad de disponer de copia de las cuatro memorias arqueológicas. La técnico respondió que no localizaba la solicitud, a pesar de que fue enviada por correo certificado con sello de fechas y con copia acreditativa en poder del solicitante (ver PDF 1); se reenvió el escrito a la técnico para que no quedara ninguna duda de lo solicitado, pero su respuesta, en e-mail del 23 de septiembre, fue negativa porque, supuestamente, la Consejería de Cultura iba a utilizar tales memorias en una publicación digital conjunta dentro del proyecto Jarcultur, iniciativa en la que, según la técnico, se vendría trabajando meses atrás. A fecha de hoy, 4 de mayo de 2023, no consta ninguna publicación o anuncio de publicación de contenido arqueológico relacionada con El Bosque, ni definitiva ni en proceso de elaboración, en la página web de Jarcultur o en el sitio oficial de la Junta, por lo que cabe sospechar que se trata de un subterfugio de la Dirección General de Patrimonio para impedir el acceso del solicitante a una información pública a la que tiene derecho.

Ante esta situación, el investigador reiteró su petición a la misma Dirección General en 27 de septiembre de 2022 (ver PDF 2), de nuevo por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo, alegando la perfecta compatibilidad entre la supuesta publicación de los resultados arqueológicos y el acceso a copia de las cuatro memorias en su contenido íntegro, pues en su investigación lo relevante es la literalidad de las memorias y no su publicación parcial, extractada o resumida; ocho meses después, tampoco se ha recibido respuesta. En 17 de octubre de 2022 presentó solicitud ante el alcalde de Béjar como titular de su Ayuntamiento, en tanto que administración local copropietaria del BIC y depositaria de una copia de las memorias; esta vez sí obtuvo respuesta en forma, pero tan sólo para derivar al solicitante a la administración regional, generadora de los cuatro documentos públicos solicitados: vuelta a la casilla de salida. Finalmente, en 22 de noviembre de 2022 el investigador formuló la misma petición del 4 de mayo, aunque dirigida al Servicio Territorial de Patrimonio de Salamanca (ver PDF 3), que sigue sin dar respuesta hasta la fecha, transcurrido casi medio año desde la presentación de ese último escrito.

Maltrato institucional

De acuerdo con la Ley, las solicitudes deben ser resueltas en el plazo máximo de un mes; en caso de no producirse resolución expresa, se consideran desestimadas. Así pues, parapetada en el silencio administrativo, la Junta de Castilla y León impide a este investigador la posibilidad de estudiar el BIC-Jardín Histórico El Bosque de Béjar a partir de documentos pagados por todos los contribuyentes, "un verdadero secuestro de información pública sin justificación alguna: ¿tienen algo que ocultar?, ¿actúan por animadversión?, ¿desconocen sus obligaciones legales o lo hacen a sabiendas?", se pregunta José Muñoz.

La legislación española y comunitaria es muy clara en cuanto al derecho de los ciudadanos en el acceso a la información pública y a la obtención de copia de la misma por cualquier procedimiento y en cualquier soporte disponible. También es muy clara al determinar las obligaciones de la Administración a la hora de dar respuesta motivada sobre tales solicitudes, advirtiendo, además, acerca del incumplimiento reiterado de resolución en plazo (es decir, sobre el abuso del silencio administrativo, el peor vicio de nuestras instituciones presuntamente democráticas), así como en establecer el correspondiente régimen sancionador contra los responsables públicos que lo cometan (art. 20).

En este caso, se demuestra abuso institucional contra José Muñoz en las reiteradas faltas de respuesta de la Dirección General de Patrimonio y del Servicio Territorial de Cultura de Salamanca (y no sólo para las cuatro memorias arqueológicas ahora reclamadas, sino para una larga lista de solicitudes anteriores), algo que no ha sucedido con otros escritos presentados por el investigador ante distintos órganos dependientes de la misma administración regional. En concreto, el 4 de noviembre de 2022 solicitó dos memorias arqueológicas al Servicio Territorial de Cultura de Soria, referidas al palacio y jardines de Berlanga de Duero (necesarias también para su tesis doctoral), y la respuesta fue inmediata y positiva: de una semana para otra la recibió por correo postal certificado acompañada de un CD con la grabación digital de los documentos objeto de solicitud. Por tanto, es evidente el trato discriminatorio de la Dirección General de Patrimonio y del Servicio Territorial de Cultura de Salamanca contra este investigador, causa de un serio perjuicio al impedir la progresión de su tesis doctoral y, consecuentemente, su aportación al conocimiento de este BIC-Jardín Histórico, algo que entra en contradicción, además, con la legislación autonómica sobre Patrimonio (art. 38 a).

José Muñoz se pregunta si ese maltrato institucional se dirige exclusivamente contra él o es lo común hacia otros investigadores y ciudadanos en general (sería bueno conocer estos posibles ejemplos: anímense los afectados a denunciarlo). En el primer caso se trataría de un acto discriminatorio muy grave que no puede ser cometido por una administración española en Democracia; en el segundo caso se trataría de un acto arbitrario no menos grave por afectar genéricamente a más personas en el ejercicio de sus derechos.

Con la difusión pública de esta denuncia en medios de prensa, José Muñoz espera que los responsables de la Junta de Castilla y León recapaciten y cumplan con sus obligaciones legales hacia esos ciudadanos de los que dependen y a los que dicen servir, pidan disculpas por los perjuicios causados (diga cada uno alto y claro aquello de "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir") y remitan ya lo que solicitaba este investigador, aunque sea con un año de retraso.