La Diputación condenada a pagar casi medio millón de euros por despido improcedente
El despido fue la consecuencia del el cierre decretado por el equipo de gobierno de la institución provincial de la guardería Guillermo Arce.
Fernando Rubio, y Manuel Ambrosio Sánchez
Los diputados socialistas, Fernando Rubio, y Manuel Ambrosio Sánchez han dado conocer la resolución judicial por la que la diputación ha sido condenada a indemnizar por despido tras el cierre decretado por el equipo de gobierno de la institución provincial de la guardería Guillermo Arce.
El PSOE siempre se mostró en contra de esta decisión. La de que se pusiera fin a la prestación de este servicio. En este sentido, los diputados provinciales socialistas no solo han abogado por el mantenimiento de la guardería Guillermo Arce, sino que también han rechazado el argumento utilizado por el equipo de gobierno del PP para proceder al cierre.
El PP aducía el ahorro de la medida, ahorro que no se ha producido. Manuel Ambrosio Sánchez se ha referido a una reciente sentencia en la que se condena a la Diputación de Salamanca por despido improcedente de las trabajadoras de dicha guardería y al pago de una indemnización cercana al medio millón de euros. “Cerca de 500.000 euros cuando si se hubieran hecho bien las cosas por parte del equipo de gobierno del PP encabezado por Javier Iglesias, el coste de este desmantelamiento de un servicio público no debería haber supuesto más de 90.000 euros”, señalaron los diputados socialistas
La guardería infantil Guillermo Arce acogía casi 80 niños, un 15% de las plazas públicas disponibles para niños de cero a tres años en la provincia de Salamanca. Estos datos justifican, para los socialistas de mantener la prestación de este servicio puesto que "¿Qué tipo de gestión de lo público se justifica en el ahorro suprimiendo servicios públicos?" se ha preguntado el diputado socialista, a lo que ha añadido "para que alardea la Diputación de superávit o de remanente cuando está suprimiendo servicios públicos a los ciudadanos".
El PSOE considera que en este asunto ha habido una responsabilidad patrimonial por la que debe responder el equipo de gobierno del PP. Desde el responsable o director de área de recursos humanos, pasando por el diputado del equipo de gobierno, José María Sánchez, y llegando hasta el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. “Ninguno ha tenido voluntad, intención ni capacidad para negociar en algún momento con las trabajadoras despedidas de la guardería Guillermo Arce, lo que además de ir en contra de la dignidad de los trabajadores, ha supuesto que la institución provincial haya tenido que ser condenada a pagar casi medio millón de euros por despidos improcedentes”.
