La denuncia hacía referencia a las obras de ampliación de la Estación de esquí de La Covatilla, obras presuntamente ilegales, que se vienen desarrollando en suelo rústico protegido, sin licencias municipales. Transcurridos quince días desde la presentación de la denuncia la Fiscalía ha comunicado a la organización ecologista la apertura de diligencias sobre este asunto.
Estas obras de ampliación están siendo promovidas por parte de la empresa Gecobesa, gestora de la Covatilla, y consisten en la construcción de las estructuras de remontes y aumento de la superficie esquiable. Las obras a las que hace referencia esta denuncia, sobre las que actuará la Fiscalía, se están desarrollando en La Covatilla, en el Espacio Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.
"Llama poderosamente la atención la prepotencia y la impunidad con la que se están llevando a cabo estas actuaciones, ya que nos encontramos en pleno proceso de intento de legalización de las sucesivas obras de ampliación que desde el año 1999 se han llevado a cabo ilegalmente en La Covatilla, procedimiento de legalización mediante un proceso de Estudio de Impacto Ambiental del que supuestamente no se presupone el resultado final y sobre el que la Consejería de Medio Ambiente pretendía dar garantías al movimiento ecologista", han declarado los ecologistas.
La empresa ya anunció en la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de marzo de 2006, que al margen de cualquier procedimiento de legalización, las obras objeto ahora de la denuncia se iniciarían durante este verano para poderlas tener listas de cara a la siguiente temporada.
Ecologistas en Acción recuerda igualmente que estas obras de ampliación están siendo objeto de un expediente por parte de la Comisión Europea. Para los ecologistas, "no es de recibo que el Ayuntamiento de Béjar y el señor Montero, responsable de la empresa explotadora de la estación, Gecobesa, afirmen que las obras de ampliación de La Covatilla suponen "el proyecto más grande e importante que se está realizando en la provincia de Salamanca" y a la vez traten de convencernos de que hasta ahora no ha tenido la entidad suficiente para ser sometida a evaluación de impacto ambiental".
Ecologistas en Acción de Salamanca, ante la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, exige una paralización inmediata de las obras y la retirada como desfavorable del nuevo proyecto presentado. En este sentido, Ecologistas en Acción de Salamanca exige a la Junta de Castilla y León, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Fiscalía de Medio Ambiente que, "a diferencia de lo que ha ocurrido hasta la fecha, cumplan con sus obligaciones de salvaguardar el marco legal que protege a los ciudadanos de los abusos de poder en materia de salud pública y medio ambiente".
