Blindar la dieta mediterránea

José Muñoz Domínguez / En la última semana de septiembre, acompañando a tres alumnos de mi centro educativo, he asistido al XXIX Congreso de Jóvenes Investigadores organizado por el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Ministerio de Educación, un encuentro científico de gran nivel en el que he podido disfrutar de hasta cuarenta comunicaciones sobre trabajos de investigación realizados por alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos en campos del conocimiento tan diversos como Arte y Humanidades (en el que se expuso nuestro trabajo sobre Patrimonio), Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas, Tecnologías e Ingenierías y Ciencias de la Tierra y de la Vida.

En este último área, también como última comunicación al congreso, se trató el tema de la obesidad infantil en España («La nueva epidemia del siglo XXI. Estudio comparativo de algunos factores relacionados con la obesidad infantil», realizado por tres alumnas del IES Malilla de Valencia). En dicho trabajo, mediante adecuada metodología, sus autoras han logrado establecer relaciones entre factores muy diversos que afectan al vergonzoso incremento de esta epidemia en nuestro país, y entre ellos quisiera detenerme en uno que me parece muy significativo: la correlación entre bajos niveles de renta familiar y obesidad infantil, es decir, de exceso de grasa corporal por deficiente alimentación en los hijos de familias con menores ingresos frente al normo-peso en las familias con alto nivel de renta. Evidentemente no es el único factor que influye en esa epidemia que está llenando de niños gordos y mal alimentados nuestro país, pero sí se trata de una causa que puede y debe ser atendida desde las políticas sociales, a diferencia de otras como las de origen genético, por ejemplo.

En una adenda de su presentación, las tres alumnas valencianas expusieron las medidas que adoptó Finlandia para atajar este mismo problema: desayuno y almuerzo gratuito en todos los comedores escolares, formación nutricional incluida en el sistema educativo y altos impuestos para la comida basura, con el resultado, en sólo seis años, de una reducción de la tasa de obesidad al 50 % (más información en http://www.who.int/features/2015/finland-health-in-all-policies/es/). Las autoras llamaban la atención sobre el hecho de que en España, más allá de alguna campaña bienintencionada, falten medidas específicas desde la legislación. Es habitual el elogio hacia la educación del país escandinavo frente a las evidentes carencias en el nuestro, pero se nos olvida que un sistema educativo como el de Finlandia no se puede sostener con un raquítico presupuesto africano (y ustedes perdonen la exageración: creo que se me entiende perfectamente). Sin embargo, en este asunto de la obesidad infantil ni siquiera es necesario disponer de grandes partidas presupuestarias: bastaría con copiar a nuestros amigos nórdicos gravando la producción y el consumo de comida basura, introduciendo la formación nutricional en las escuelas (incluida la que se pueda ofrecer a padres y madres) y mejorar radicalmente el acceso a la buena alimentación, tanto en los comedores escolares como en la cesta de la compra de las familias, que debería poder llenarse de excelentes productos básicos –esa joya alimentaria llamada dieta mediterránea– a muy bajo coste. La lista de productos que forman parte de esta dieta es de sobra conocida y no admite discusión, sus beneficios son extraordinarios para una nutrición sana y equilibrada que ahorraría buena parte del gasto disparatado de medicamentos y, además, es la especialidad de nuestro país, capaz de producir los mejores alimentos a costes más que razonables: ¿por qué no se hace nada desde la legislación para blindar la dieta mediterránea en cuanto a garantías de calidad y precio de mercado? Recordemos lo que cuesta producir un kilo de limones –pongamos por caso– frente al precio escandaloso que paga el consumidor, una experiencia que todos sufrimos a diario con la mayor parte de los productos de esta dieta, incluido el aceite de oliva. Insisto: ¿por qué no se hace nada?

La respuesta a esa pregunta tiene que ver con las mafias de la distribución en España, controlada por muy pocas empresas y personas que, además, tienen influencia directa sobre quienes toman las decisiones legislativas. Cierta parte de nuestros políticos jamás se atreverán a ir en contra de sus propios intereses y me temo que ese mal afecta a más de un partido: ¿no recuerdan que este asunto de los precios figuraba en el programa electoral del PSOE cuando la primera legislatura de Zapatero?, ¿dónde quedaron aquellas buenas intenciones? Pues imaginen –poco hay que imaginar– lo que puedan hacer o más bien no hacer los representantes del PP. No van a compartir ese pastel, nunca permitirán que sean otros los beneficiarios. Y no es la única mafia: ¿qué decir del lobby farmacéutico y su gallina de los huevos de oro en forma de cronificación –que no curación– de las enfermedades? Si la población goza de buena salud gracias a las excelencias de la dieta, se les acabó el chollo. Tampoco van a ceder en su codicia, a menos que cambiemos de política y de políticos.

Insisto y exijo: buena comida a bajo precio, blindemos la dieta mediterránea.

Artículo de Opinión de José Muñoz Domínguez