Alejo Riñones declarará como imputado en un proceso tramitado desde el juzgado número 2 de Béjar relacionado con las consecuencias que sufren los vecinos de la zona del regajo por la celebración semanal de El Botellón. Los problemas de salud y de alteración del orden público los vienen sufriendo, los vecinos de la zona del regajo, que cada semana asisten a la multitudinaria “celebración juvenil”, que sí no con el beneplácito siempre ha contado con la permisividad de las autoridades municipales.
En numerosas ocasiones Alejo Riñones se ha referido con permisividad a la celebración del botellón y restado importancia a las posibles consecuencias derivadas de su celebración en la zona de El Regajo.
Ahora el alcalde es citado como imputado en el proceso admitido a trámite de un posible delito de prevaricación ambiental, sería uno de los primeros responsables municipales del país en verse salpicado por las consecuencias de los famosos botellones. Varios medios de ámbito nacional, prensa escrita y radiofónica, ya se han hecho eco de la información. El alcalde tendrá que declarar mañana en el juzgado Nª2 de Béjar. La imputación de Riñones en este presunto delito de prevaricación ambiental llega tras ser admitida a trámite una querella interpuesta por el matrimonio compuesto por Ramón Servate y Silvia Hernández, una pareja que vive en las inmediaciones de la zona de «El Regajo», donde fines de semanas y festivos se concentran cientos de jóvenes de la zona.
El alcalde deberá comparecer en el juzgado a las 12.30 horas de este miércoles. La denuncia fue presentada el pasado 28 de septiembre y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Béjar el 13 de octubre. La acusación se apoya en una serie de pruebas entre las que figuran fotografías, vídeos, dos informes de diferentes agencias de detectives y un nuevo informe sobre niveles de ruido realizado por un ingeniero industrial, que revela que se superan los niveles máximos permitidos por la ley. Antes de llegar a este punto, vecinos del municipio han presentado hasta cinco denuncias y escritos ante la Policía Local y el Ayuntamiento, la primera en agosto de 2004.
