José Alberto Novoa / Durante la última legislatura la sanidad pública se ha convertido en el asunto que más moviliza a la ciudadanía de Castilla y León. Es la conclusión que se desprende de cada manifestación multitudinaria en Valladolid, de las distintas movilizaciones en las provincias y en las comarcas, de cada informe sindical y de cada balance trimestral de listas de espera que publica la propia Junta de Castilla y León. En los últimos cinco años, la comunidad ha visto cómo la atención primaria rural se adelgazaba, cómo los conciertos con la sanidad privada se disparaban y cómo miles de personas salían a la calle, una y otra vez, para reclamar lo que debería estar garantizado desde hace décadas: un sistema sanitario público, universal y de calidad.
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, reelegido en marzo de 2026, con necesidad de apoyo de Vox para gobernar, presenta cifras de mejora con menos días de espera quirúrgica, con más presupuesto, y con más contrataciones. Pero detrás de esos titulares institucionales hay una realidad mucho más incómoda de un sistema que se sostiene a base de parches, de «peonadas», y de un recurso creciente a la sanidad privada, mientras el mundo rural pierde consultorios, las listas de espera diagnósticas no se reducen, o los días para conseguir una cita con el médico de familia van en aumento.
Los datos de la Consejería de Sanidad muestran una reducción sostenida de la demora quirúrgica desde el pico de la pandemia del Covid19. La espera media para una intervención pasó de 144 días en diciembre de 2021 a 87 días a finales de septiembre de 2025, y el número de pacientes en lista de espera estructural bajó de 42.574 a 27.179 en el mismo periodo, un descenso superior al 36%. La Junta atribuye la mejora a un plan de choque puesto en marcha desde 2022 basado en la ampliación de la actividad asistencial, mediante las llamadas peonadas, y los conciertos privados, que se han prorrogado sin interrupción.
Pero esa imagen favorable convive con otra bastante más oscura. En consultas externas hospitalarias, la demora estructural se situaba a finales de septiembre de 2025 en 101 días, con más de 184.000 personas en espera, por tanto, las medidas transitorias con las que experimenta la Junta no bastan. Es necesaria una inversión estructural en recursos humanos y quirófanos, en lugar de fórmulas coyunturales que transfieren recursos públicos al sector privado y agotan a las plantillas sanitarias.
Castilla y León presume de tener la red de atención primaria rural más extensa de España con 247 centros de salud, 196 puntos de atención continuada y más de 3.600 consultorios locales. De poco sirve contar con edificios si no hay profesionales que puedan atender de forma suficiente para que permanezcan abiertos. El propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha reconocido que existen más de 300 plazas sin cubrir en la comunidad porque no hay médicos dispuestos a ocuparlas. Esto, en la práctica, se traduce en consultorios que solo atienden con cita previa o en jornadas reducidas, aunque la Junta los califique de temporales.
A todo este deterioro se suma un proceso de reordenación de la atención primaria que ya ha obligado a cerca de 98.000 personas a cambiar de médico de familia, que afecta a 47 centros de salud calificados como "bajo mínimos", y que obliga a la generalización de la cita previa en zonas rurales envejecidas y con escaso acceso a internet. Lo que supone un obstáculo más para una población que, por razones físicas, de edad o de ausencia de transporte, ya tiene dificultades para desplazarse.
La propia Junta de Castilla y León ha tenido que legislar dos veces en año y medio para intentar frenar la sangría de profesionales a través de la Ley 8/2024, que blinda unos mínimos asistenciales en el medio rural, y la Ley 3/2025, con medidas extraordinarias para cubrir de forma estable las plazas de difícil cobertura en atención primaria, hospitales y urgencias extrahospitalarias. Si hacen falta dos leyes específicas para garantizar lo que en teoría ya estaba garantizado, parece evidente el problema sistémico que se sufre.
Detrás de cada consultorio cerrado y de cada lista de espera hay un problema estructural de personal que la Consejería de Sanidad de Castilla y León no ha resuelto desde hace tiempo y, especialmente, en los últimos cinco años. Los colectivos sanitarios han denunciado un déficit de 5.000 profesionales de enfermería, con una ratio de 5,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a las 9 que recomienda la OCDE. A ello se añade el envejecimiento de los facultativos. Uno de cada tres supera los 55 años, lo que indica un tiempo cercano de jubilaciones para la que no existe un plan de renovación suficiente.
Desde que Mañueco preside la Junta de Castilla y León se han perdido 337 profesionales sanitarios. Cifra que el Gobierno autonómico no comparte pero que los sindicatos CCOO y UGT recuerdan en cada movilización, junto con la denuncia de una distribución territorial desigual de personal sanitario que castiga especialmente a la población de las provincias, más vaciadas y envejecidas, de Zamora, Ávila, Soria y Salamanca.
Además, si hay un argumento que atraviesa todas las movilizaciones ciudadanas de los últimos años es la denuncia de una privatización silenciosa y constante. Según datos difundidos por IU, Castilla y León destinó 127 millones de euros a conciertos con clínicas privadas en el año 2021, una cifra que subió a 200 millones en los presupuestos de 2023. El PSOE, por su parte, ha cifrado en 108 millones el gasto en sanidad privada durante la etapa de Mañueco. A ello se suma la externalización de servicios como el transporte sanitario terrestre que asciende a 463 millones para cuatro años, o los 174 millones para el transporte aéreo.
Las plataformas por la sanidad pública han denunciado que la Junta de Castilla y León destina apenas un 17% de la inversión sanitaria a la atención primaria, muy lejos del 25% que está recomendado para para sostener un primer nivel asistencial robusto. Entre tanto, los seguros sanitarios privados hacen su negocio. El 23% de castellanos y leoneses (unas 483.000 personas) cuentan con un seguro médico, lo que en la práctica supone pagar dos veces por la sanidad, una a través de los impuestos y otra de manera directa. Esto está provocado por la desconfianza y la imposibilidad de acceder a tiempo a la sanidad pública. Y además, sin la completa seguridad ni garantía de que el seguro privado llegue a cubrir todas las necesidades de salud que puedan llegar a tener estas personas.
El deterioro paulatino e intencionado, por parte de quienes gobiernan Castilla y León desde hace décadas, ha llevado a la creciente movilización ciudadana en los últimos años en lo que podría denominarse un problema de Comunidad. Pocas políticas autonómicas han generado una contestación social tan sostenida como la gestión sanitaria del Partido Popular.
En marzo de 2025, 25.000 personas recorrieron las calles de Valladolid convocadas por CCOO, UGT y una quincena de plataformas ciudadanas bajo el lema "Defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción". Casi un año después, el 21 de febrero de 2026, en plena precampaña de las elecciones autonómicas, miles de personas volvieron a manifestarse con un diagnóstico prácticamente idéntico: aumento sostenido de las listas de espera, desigualdad territorial creciente y un modelo sanitario que prioriza los conciertos privados frente a la inversión en sanidad pública.
A estas grandes movilizaciones se añade la constante reivindicación de distintas plataformas por la sanidad pública, tanto provinciales como comarcales, a lo largo y ancho de la Comunidad, y que ponen el acento, regularmente, en las necesidades más cercanas que sufre la población del medio rural y urbano de cada lugar.
Pero el malestar no se limita a las movilizaciones. El informe anual de la Asociación “El Defensor del Paciente” registró 858 denuncias por presunta mala praxis en Castilla y León durante 2025, un 8,3% más que el año anterior y la cifra más alta de la última década, con 45 casos que acabaron en fallecimiento del paciente. Otras fuentes, citadas en las propias manifestaciones ciudadanas, elevan a más de 50.000 las reclamaciones registradas ante los servicios de atención al paciente entre 2024 y 2025. Es decir, el deterioro de la sanidad pública y su privatización, trae consigo consecuencias, incluso de muerte.
El PP defiende que el presupuesto sanitario ha crecido en 1.200 millones de euros en los últimos cuatro años y que la atención sanitaria de la comunidad está entre las mejores de España. Son datos reales, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, pero conviven con una crítica que atraviesa a toda la izquierda parlamentaria y sindical: de poco sirve aumentar el presupuesto si una parte creciente de ese incremento se dirige a sostener conciertos privados y peonadas en lugar de ampliar plantillas estructurales y reforzar la atención primaria. Como resumió el líder de CCOO en Castilla y León durante la manifestación de marzo de 2025: “cuanto peor funciona la sanidad pública, mejor le va al negocio de la privada”. Ese es precisamente el riesgo que sindicatos y plataformas llevan años señalando.
Las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 no alteraron sustancialmente el mapa político. El PP de Mañueco revalidó con 33 procuradores, dos más que en 2022, pero seguirá dependiendo de Vox, con 14 escaños, para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad. El PSOE de Carlos Martínez mejoró su resultado hasta los 30 procuradores, mientras que las formaciones de izquierda, Podemos y la coalición de IU y Sumar, se quedaron fuera de las Cortes.
El resultado deja a la sanidad pública de Castilla y León en una posición paradójica, porque siendo, según todas las encuestas, la principal preocupación de la población, el PP ha revalidado su mandato con mayor dependencia de Vox, que no hace de la defensa de lo público su “prioridad nacional” sino todo lo contrario. Los responsables últimos del deterioro paulatino de la sanidad pública en la Comunidad han sido reforzados en las urnas.
Seis años después de que la pandemia del Covid19 dejase al descubierto las costuras del sistema, Castilla y León encara esta nueva legislatura con los mismos síntomas que arrastraba en 2021: consultorios rurales que abren a medias, un déficit crónico de médicos y personal de enfermería, una atención primaria infrafinanciada y un creciente desvío de dinero público a la sanidad privada, año tras año, sin que exista un debate político serio sobre sus consecuencias que esto provoca. Las cifras de la Junta de Castilla y León pueden mostrar mejoras puntuales en la lista de espera quirúrgica, pero no logran ocultar un patrón de fondo que sindicatos, plataformas ciudadanas y buena parte de la oposición política coinciden en describir como un deterioro sostenido y, para muchos, deliberado.
La pregunta no es si la sanidad pública seguirá siendo un campo de batalla político, sindical y social, que lo será mientras miles de personas continúen saliendo a las calles en su defensa, sino si alguna vez existirá la voluntad de revertir un modelo que, cinco años después, sigue confiando más en el parche temporal y en el concierto privado, que en la inversión estructural que se lleva reclamando desde hace años, para garantizar un sistema sanitario público, universal y suficiente para todas las gentes de Castilla y León.
José Alberto Novoa
Politólogo
Secretario General de CCOO de Ávila