El concejal de Medio Ambiente de Béjar informa los vecinos sin apenas plazo para que presenten alegaciones
"La comisión Mixta de Participación Ciudadana no sirve para nada, solo nos hemos reunido con interlocutores válidos"
Tender la ropa, que los niños jueguen en la calle, merendar con alcohol en espacios públicos, que los vecinos vigilen y denuncien a sus conciudadanos, que los hosteleros controlen el consumo de sus clientes o medidas de protesta como las del movimiento 15M, no sólo serán prohibidas sí no que podrán ser duramente sancionadas si se aprueba el texto íntegro de la "mal llamada" ordenanza para la Convivencia Ciudadana.
El concejal delegado de Medio Ambiente, Pedro Manuel Esteban, acompañado de la concejal y procuradora, Purificación Pozo, y una técnico de medio ambiente se reunió con algunos representantes vecinales a solo tres días de la conclusión del plazo para presentar alegaciones a la ordenanza que sancionara una práctica habitual, como es tender la ropa , entre otras muchas medidas. Éstas sanciones y prohibiciones, han sido denunciadas por los concejales de la oposición y han suscitado que muchos barrios se hayan mostrado dispuestos a presentar alegaciones personalizadas, para pedir su retirada o que ésta sea modificada.
La ordenanza ha sido sacada adelante por el PP en el gobierno del ayuntamiento de Béjar, sin haber consultado a la comisión de participación ciudadana. El Concejal, que siempre ha desdeñado a la comisión de participación ciudadana, aseguró que está "no sirve para nada" y que solo se ha reunido con "interlocutores válidos". El edil se refería únicamente a empresarios y a representantes vecinales, desdeñando al resto de componentes de la comisión, asociaciones culturales, benéficas, juveniles, ... El concejal dijo que a éstos "no les interesa más allá de su condición de ciudadano".
El equipo de gobierno, por medio del edil responsable de la ordenanza, manifestó sus intenciones de seguir adelante con la aprobación de la misma. Posiblemente, aunque no lo confirmó, consideren la retirada de los artículos que el tribunal superior de justicia de Castilla y León ha sentenciado como ilegales en otros textos de los que se copio la ordenanza de Béjar. Las alegaciones serán valoradas y el pleno aprobará definitivamente el texto, en fecha aún por determinar.