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En la mañana de ayer se debatía en las cortes de Castilla y León la proposición no de ley a las mesa de a las cortes del procurador bejarano Alejo Riñones en defensa del textil. En declaraciones a TRIBUNA el procurador popular defendió que la administración regional promueva el establecimiento de barreras legales a la importación de materia textil de países asiáticos donde las garantías laborales y de calidad no están garantizadas y que se fomente el Textil de la Comunidad.
Alejo Riñones, procurador por el PP, defenderá hoy en las cortes regionales una proposición no de ley por la que la Junta de Castilla y León solicitará al gobierno las medidas necesarias "para hacer eficaz un compromiso con la defensa de la industria textil en España, e incluya criterios de calidad y respeto a la normativa laboral internacional y al medio ambiente en las bases de los concursos de adjudicación de contratos de suministros de productos textiles para las fuerzas y cuerpos de seguridad".
Los parados del sector textil con 55 años o más que hayan agotado las prestaciones por desempleo recibirán un ayuda directa del Ecyl de 3.000 euros anuales los dos primeros años. Pasado este período, si no hubieran sido recolocados, esta subvención especial se incrementará en 2.500 euros anuales en los dos años siguientes.
Se trata de una nueva empresa dedicada a la hilatura y cada vez son más las empresas que rompen el ciclo del textil, que desde hace tiempo ya no se realiza completo en Béjar, un mito que empezó a romperse junto a la crisis del sector, que siempre pareció eterna, pero que dura desde que se iniciaron los cierres y los despidos.
Según se ha confirmado hoy, esta tarde se firmará el despido de un total de nueve trabajadores de la empresa Hilaturas Béjar, perteneciente a Rafael Diaz, y a pesar de las numerosas subvenciones y ayudas que recibió de la Junta de Castilla y León. Así tras las informaciones recabadas se trataría de un despido objetivo que según la legislación vigente, no puede superar el número de nueve rescisiones laborales, y en el que la empresa tendría que aportar causas objetivas sobre la situación económica, y técnica y organizativa de la misma.
