Condenados dos represores argentinos

Residencia Mamá Margarita, Béjar

Redacción i-bejar.com
Agosto 29, 2008

Publicado originalmente en De Igual A Igual bajo el título condenaron a Bussi y a Menéndez a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad Llegó el día esperado. Pasaron más de 32 años y finalmente se pudo escuchar en la tarde del jueves 28 de agosto que

La Voz de Salamanca (Rubén Kotler) / Publicado originalmente en De Igual A Igual bajo el título condenaron a Bussi y a Menéndez a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad

Llegó el día esperado. Pasaron más de 32 años y finalmente se pudo escuchar en la tarde del jueves 28 de agosto que los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez son culpables por delitos de Lesa Humanidad.

Después de haber escuchado a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Ménendez, en su derecho de emitir las últimas palabras previas a la lectura de la sentencia, los vocales del tribunal, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi emitieron el esperado fallo siendo condenados los represores a prisión perpetua e inabilitación absoluta y perpetua, por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilios y privación ilegítima de libertad, imposición de tormentos agravados, y homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado por la participación de dos o más personas con el fin de actuar con impunidad.

32 años tuvieron que esperar los familiares de los represaliados para escuchar la sentencia condenatoria contra Bussi y Menéndez. El sabor amargo que dejó la lectura del fallo en el cual le permiten a Bussi continuar con el arresto domiciliario en vez de terminar sus días en una prisión común, no empañó la celebración de escuchar que un tribunal condenara a los represores por los delitos de lesa humanidad.

Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, difirieron el pronunciamiento sobre la forma de condena de prisión impuesta a los imputados, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente que en el caso de Bussi es arresto domiciliario.

El malestar generado fuera y dentro de la sala se hizo notar. Si bien dentro de la sala el clima era de euforia dejo un sabor amargo, que sí se hizo sentir fuera del tribunal, donde cientos de militantes de las organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y organizaciones sindicales no tardaron en repudiar la decisión del tribunal. En los instantes siguientes a la lectura del fallo comenzaron incidentes en los que hubo intercambio de proyectiles entre los manifestantes y la gendarmería, que no dudó en atacar con gases lacrimógenos.

El tribunal, además, hizo lugar a los pedidos efectuados por el fiscal Alfredo Terraf y solicitó que se abra una investigación contra los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Ildefonso Molina por la presunta falsificación de instrumentos públicos, y contra José Víctor Jerez y Carlos Décima, por falso testimonio.

La Voz de los Represores

Durante la mañana, los represores habían vuelto a defender la represión, insistiendo en la tesis de la guerra en los años ’70. El primero en exponer fue Bussi, quien afirmó: «Pese a no ser mis jueces naturales, tienen el honor de ser magistrados del lugar que fue cuna de la independencia y sepulcro de la subversión marxista-leninista.»Junto a soldados combativos, derrotamos en la Sierra Maestra argentina la agresión que perseguía convertir al país en un satélite soviético. Me siento un perseguido político de los derrotados de ayer en un combate justo", sentenció el represor, ahora sentenciado a cadena perpetua por crimenes de lesa humanidad.

Respecto de Vargas Aignasse, Bussi insistió en que nunca lo vio y volvió a aventar la tesis de que cuando el ex senador, el 5 de abril de 1976, era trasladado a su domicilio para ser puesto en libertad, fue secuestrado «por parte de aquellos a los que había delatado» en la cárcel de Villa Urquiza y agregó que «esa metodología era propia de los montoneros para los delatores».

Bussi admitió que el 24 de marzo de 1976, el mismo día de la detención de Vargas Aignasse, recibió de la Junta de Comandantes «una orden de carácter inexcusable e insoslayable, pormenorizada hasta en sus menores detalles, que estaba destinada a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata por parte de potenciales opositores, para consolidar a la junta en el ejercicio del poder político de la nación».

Luego de Bussi le tocó el turno de expresarse a Luciano Benjamín Menéndez, quien de la misma manera que lo hizo en Córdoba hace un mes, reiteró los argumentos de la guerra. «La Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden y para sus compatriotas. Pero, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo, con patético dolor, podemos preguntarnos:»¿para quién ganamos la batalla?", preguntó el represor.

La Historia continúa

El fiscal Terraf había solicitado que los represores fuesen condenados a prisión perpetua por haber formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente.

«La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida», fueron las palabras de Terraf. Al formular sus alegatos en el juicio oral por la desaparición del ex senador peronista, Guillermo Vargas Aignasse, el fiscal requirió que los militares retirados cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza, para lo cual deberían ser revocadas las detenciones domiciliarias de la que gozan en la causa.

A pesar del fallo, la situación judicial de Bussi y Menéndez no termina ahora, porque ambos están imputados en otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos. Algunos organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de unificar las causas para probar la existencia del delito de genocidio, buscando al mismo tiempo que las investigaciones se hagan por Centro Clandestino de Detención, lo que llevaría a consolidar el argumento del genocidio, tras demostrarse que el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga ha sido el mayor campo de exterminio en Argentina.

Alfredo Terraf safisfecho con el fallo a los represores

«Estoy satisfecho con el fallo porque hicieron lugar a mi pedido para que se investiguen a cuatro testigos, con lo cual se acredita que no hubo segundo secuestro. También estoy satisfecho por las condenas que se dictaron y porque Bussi siguió siendo hoy mi mejor testigo al reconocer que la lista de detenidos en la que figuraba Guillermo Vargas Aignasse se realizó en Tucumán».

«Que cumplan su condena en Cárcel Común»

Fue el reclamo permanente de las organizaciones de derechos humanos. Que no les otorguen ningún privilegio aunque todos destacaron las condenas por delitos de lesa humanidad que les dictó la Justicia Federal tucumana.

La integrante de Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora, Taty Almeida, afirmó que la sentencia contra los represores «no fueron las esperadas», y reclamó una vez más «cárcel común para estos genocidas y sus cómplices».

Por su parte la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, destacó lo «sumamente importante» que son los juicios contra represores, y calificó a Menéndez, Bussi y Massera como «los tres más asesinos de este país».

«Los peores de todos, junto con Camps que ya se murió, eran los que ponían en práctica las peores torturas, por eso no se puede ni escuchar lo que dicen los testigos», afirmó.

La presencia de Duhalde en Tucumán

Avalando el proceso judicial contra los represores, llegó a Tucumán para brindar un espaldarazo el ministro de Justicia de la Nación, Luis Duhalde, quien arribó al tribunal pasada las 17 horas. En un fuerte operativo policial, Duhalde pudo ser testigo del fallo condenatorio contra Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.

Las huellas de la memoria

Durante toda la jornada de hoy se repitieron las escenas de los días precedentes, y todos los familiares de los represalidos por la última dictadura militar portaban las fotos con las imágenes de los detenidos - desaparecidos. Del otro lado, y de manera provocativa, algunos militantes del bussismo portaron las fotos de represores asesinados por los grupos armados en la década del ’70, pidiendo que se juzgue en igualdad de condiciones a los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. Los militantes de los organismos de derechos humanos pronto comprendieron que no debían contestar a la provocación y el juicio se terminó convirtiendo en una verdadera escenografía en la lucha por las memorias.

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