Anulada la sentencia del “Caso Bono” que condenaba a 3 policías

La Voz de Salamanca (Marcos Merino, elplural.com, Elpais.com) / La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad la sentencia que condenó el año pasado a tres policías a los que se acusaba de detención ilegal y falsificación de documento público por el arresto de dos militantes del PP que presuntamente habían participado en la agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación en Madrid.

El 8 de mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los tres agentes -José Luis González Salgueiro, Rodolfo Ruiz Martínez y Javier Fernández Gómez- a penas que iban de los 3 a los 5 años de cárcel por la detención ilegal de dos militantes del PP tras una manifestación de la AVT, celebrada en enero de 2005, en la que el ex ministro denunció haber sido agredido.

Estos militantes, Isidoro Barrios, que blandió un palo cerca de Bono, y Antonia de la Cruz, fueron detenidos días después de la marcha por su presunta participaciónen el incidente. La Audiencia de Madrid consideró que ese arresto fue arbitrario e ilegal.

Sin embargo, el Supremo ha estimado en su totalidad, por cuatro votos contra uno, el recurso de los policías contra esa sentencia, por lo que estos quedan absueltos de todos los cargos. La sentencia, que se hará pública en los próximos días, estima el recurso interpuesto por el fiscal, los policías y el abogado del Estado. El magistrado que ha votado en contra, Manuel Marchena, ha emitido un voto particular.

La sentencia de la Audiencia Provincial condenaba en mayo de 2006 al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz, a una pena de 5 años de prisión, 10 años de inhabilitación especial y 2.160 euros de multa. Además, el inspector jefe Javier Fernández fue condenado a la misma pena de cárcel y de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros. Finalmente, el inspector José Luis González fue condenado a tres años de prisión, dos de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por falsificación documental.

Se hace extraña la acusación de “detención ilegal” si tenemos en cuenta que Barrios afirmó en su momento en La Razón “que en todo momento le dejaron claro que sabían que él no había agredido a nadie” y negaba “que la Policía” le hubiera comunicado que “estaba detenido”. Así lo narraba él: “Me llamaron a las 10 de la mañana para decirme que si tenía algún inconveniente en acudir a la comisaría y yo contesté que no tenía ningún inconveniente, que estaría encantado de colaborar con la Justicia (...) Como era tan pronto -recordemos, 10 de la mañana de un día laborable- y estaba sin arreglarme les pedí un poco de tiempo. Así que a las 12 de la mañana vinieron a buscarnos y nos fuimos con la Policía en un coche rojo sin distintivos (...) Nos explicaron que había que hacer el trámite porque era preceptivo. De todas formas, estaba presente nuestro abogado”. Pregunta M.S. González: “Sí, pero ¿les leyeron sus derechos?”. Respuesta de Barrios: “Sí, sí”. Y es en este punto cuando el perseguido vecino de las Rozas resalta que “conmigo y con mi familia se portaron estupendamente”.

Daño moral es lo que se siente al comparar las anteriores declaraciones -realizadas poco después del supuesto intento de agresión- con las siguientes -realizadas también a La Razón, pero ya en un contexto de politización de la justicia por parte del PP-, donde se nos hace un confesión estremecedora: “Desde que fuimos detenidos no hemos podido dormir seguido ni una sola noche.” Más aún: desde aquel día hemos vivido “muy angustiados (...) En el momento en el que nos subimos al coche nos sentimos detenidos”. Revelación de Barrios: “He tenido que ir dos veces a un médico de urgencia porque me entró ansiedad”. Antonia: “Incluso hemos llegado a sentir miedo. Lo que hemos pasado no se lo doy ni a mi peor enemigo”.

En El Mundo, Barrios aporta un dato escalofriante que, por lo visto, silenció en La Razón: “Mi mujer lleva tres meses ingresada por una depresión derivada de aquellos días terribles. Yo, desde luego, no soy la misma persona”.

Todo esto llevó al juez que dictó la sentencia original a establecer una indemnización de 12.000 para Isidoro y su mujer, ya que "sufrieron un daño moral. Fuera de toda duda".

Es interesante también tener en cuenta el historial de Miguel Hidalgo, el juez de la Audiencia Nacional que condenó en su momento a los 3 policías. Y es que resulta que su primer puesto al servicio del Estado fue dentro de la Brigada Político-Social de los últimos años del franquismo, para la que actuó como infiltrado del Régimen en la Facultad de Derecho de la Complutense.

Además, el juez Hidalgo, que en esta ocasión ha actuado con gran contundencia, no siempre obró de la misma manera en juicios detenciones de la policía. En 2004 absolvió a tres agentes de la Policía Nacional que habían sido denunciados por un sindicalista de UGT que había sido arrestado durante una huelga en el año 2000.

El sindicalista sufrió lesiones de las que tardó en recuperarse tres meses. Sin embargo, el tribunal presidido por Hidalgo consideró que los agentes no tuvieron intención de causarle este daño y llegó a la conclusión de que los hechos no tenían relevancia penal.

Nada más conocer la sentencia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, ha pedido al presidente del PP, Mariano Rajoy, que "pida perdón" y restituya el honor de los tres policías "injustamente calumniados" que hoy han sido absueltos. "Es el momento de que Rajoy, Acebes y Zaplana pidan perdón y asuman responsabilidades por esa campaña de calumnia en la que mancharon la imagen de policías españoles", ha dicho López Garrido, que ha acusado al PP de haber apoyado a los "agresores" y de haber denunciado supuestas "detenciones ilegales" así como una "persecución política" a su partido.